El gasto público para educación está sobre un 4.5 % del producto interior bruto, 1 punto por debajo de la media europea. Este gasto no se reparte igual por comunidades, ya que muchas de estas tienen las competencias transferidas.
El gasto público destinado a la educación se debe utilizar para ampliar la plantilla de profesores, reducir el nº de alumnos por aulas, atender la diversidad con más orientadores y profesores de apoyo, dotar a los centros de recursos, formar al profesado. En definitiva se deben adaptar los recursos y los centros a las demandas de la sociedad.
Sin embargo el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 incluía claros recortes, aproximadamente un 8% menos en las partidas destinadas a educación, con gastos descompensados según denuncian los sindicatos.
Algunas Comunidades han presentado planes de ahorro, para reducir la fuerte crisis en la que está sumida España, que pasan por el aumento de horas lectivas de los docentes y disminución de la plantilla de interinos, como publican algunos medios de comunicación.
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